Ley de urgente consideración: expresión del programa de clase del gobierno
A fines de enero el entonces gobierno electo, nuevo gobierno a partir del 1º de marzo, hizo público, con el objetivo de dar a conocer y negociar con los partidos socios de la nueva coalición, el anteproyecto de Ley de Urgente Consideración que aún no ha enviado para su tratamiento al Parlamento.
Desde entonces se ha instalado a nivel de la sociedad un debate en torno a la forma escogida y a su contenido. En especial interesa que resaltemos que se han formulado diversos análisis con respecto al mismo y que han sido publicados en diversos medios de prensa, la mayoría de ellos con una visión crítica en casi todos sus capítulos.
También el movimiento sindical ha realizado diversos análisis, y parece oportuno resaltar la resolución que la Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT adoptara por unanimidad, rechazando dicho anteproyecto, tanto por su forma como por su contenido. Esto ha sido complementado con posiciones de rechazo y la adopción de medidas frente al mismo, por diferentes organizaciones sindicales, en especial del sector de educación.
Cierto, también, que en este escenario han sido varias las voces desde la coalición que forma parte del nuevo gobierno que han cuestionado y descalificado dichos posicionamientos, al igual que muchos de estos plantean -incluso- perspectivas que van mucho más allá de lo que el propio texto expresa, lo cual refuerza el carácter regresivo, antipopular y antidemocrático del conjunto de reformas que se intentan impulsar.
En este marco importa aportar elementos que permitan realizar un afinado análisis por parte del movimiento popular en general, y dentro de este en especial el movimiento sindical, de a qué nos enfrentamos, para desde allí poder trazar una perspectiva que nos permita no sólo generar correlación de fuerzas a nivel de la sociedad para resistir a los cambios propuestos, sino que permita a la vez de salvaguardar derechos individuales y colectivos conquistados, avanzar en la perspectiva programática que hemos venido construyendo y defendiendo, junto a un importante marco de alianzas, en los últimos años.
Con este propósito, lo primero que debemos identificar es a qué tipo de gobierno nos enfrentamos. En este sentido, desde los medios de comunicación -que les pertenecen y están a su servicio- se pretende instalar la idea en nuestra sociedad de que el nuevo gobierno constituye una coalición “multicolor”, como si lo que los une e identifica fuera un fenómeno cromático y no el sentido de pertenecer y representar a una clase que comparte idéntica perspectiva ideológica y política, al servicio de unos intereses que son, en definitiva, de clase.
En efecto, el nuevo gobierno constituye una coalición de partidos de derecha y extrema derecha, que incluye hasta expresiones fascistas. Promueve un programa basado en los preceptos y propuestas del neoliberalismo, con un evidente carácter conservador, articulado socialmente en los sectores financieros especulativos, aquellos vinculados a los agronegocios, con vínculos con el Poder Judicial y con sectores religiosos. Además cuentan con el monopolio del control mayoritario de los medios de comunicación.
Por tanto, el anteproyecto, aún con las modificaciones que se le puedan incluir en el proyecto definitivo que se envíe al Parlamento, expresa un programa de gobierno que responde a los intereses de estos sectores, es decir representan los intereses de una clase, y sería un error pretender enfrentarlo asumiendo partes de este o promoviendo modificaciones parciales y no considerarlo y rechazarlo en su totalidad.
Por ello, creemos oportuno señalar aquí, no de manera exhaustiva, tres aspectos que vertebran dicha propuesta, y que entendemos atraviesan el conjunto de capítulos que componen la misma.
El primero de ellos es que la propuesta organiza el proceso de expropiación -a la inmensa mayoría de nuestro pueblo- así como el proceso de apropiación -por parte de los sectores minoritarios a los cuales representa el nuevo gobierno- de la riqueza generada, valiéndose para ello de diversas formas que ameritan una lectura atenta del articulado. Los procesos de mejora en la redistribución de los ingresos, que no es lo mismo que la riqueza generada, producida en los últimos quince años bajo los gobiernos frenteamplistas son, para estos sectores, un exceso que se debe corregir en las actuales condiciones de desarrollo del sistema capitalista. En la actual coyuntura el capitalismo a escala global organiza un proceso de ajuste del capital sobre el trabajo como forma de asegurar la maximización de las tasas de ganancias.
El segundo, implica una nueva reconfiguración de la relación Estado-mercado, que supere la falsa dicotomía entre ambos muy presente en los años 90. Hoy el mercado precisa del Estado como un instrumento ordenador del proceso de explotación, particularmente en lo que refiere a dar certezas jurídicas -en especial asegurar el sacrosanto derecho de la propiedad privada-, en su capacidad de transferencia de fondos públicos hacia el sector privado mediante la asignación a este de nuevas funciones en alianza con el sector público.
En tercer lugar, importa contar con un Estado que tenga capacidad de limitar o reprimir cualquier “desborde” o intento de cuestionar este nuevo-viejo orden. Esto conlleva aumentar el carácter represor del mismo y por ello la promoción de modificaciones legislativas que limiten o cercenen derechos y libertades individuales y colectivas. De allí la propuesta de endurecer penas, de criminalizar la protesta, de limitar el pleno ejercicio de la libertad sindical, o de lisa y llanamente aumentar las garantías de impunidad para los agentes de la represión directa.
Es a partir de estas consideraciones que podemos adentrarnos en considerar el capítulo referente a la educación que dicho anteproyecto contiene, siempre de manera general -viendo el bosque y no el árbol- y desde nuestra perspectiva ideológica-política de clase trabajadora y en base al programa que la misma impulsa. Por ello señalaremos cuatro grandes ejes que a nuestro entender expresan las modificaciones propuestas a la actual Ley General de Educación contenidas en este anteproyecto.
El primero, y que fuera señalado por compañeros en más de un análisis, tiene que ver con la desaparición del Sistema Nacional de Educación Pública (SNEP). Esto no es un problema sólo de siglas, implica la transformación estructural más radical y regresiva para nuestra sociedad porque:
a- El Estado renuncia a construir, mantener y fortalecer su propio sistema de educación en tanto y en cuanto este debe ser garante del pleno ejercicio del derecho humano a la educación, durante toda la vida, del cual son portadores todos los seres humanos que habitan el territorio nacional. Con esta propuesta, el Estado se desentiende de dicha obligación, trasladando esa responsabilidad a otros y llevando a que cada uno y cada una tenga que resolver en otros espacios -el mercado- el cómo acceder a ejercer su derecho a la educación.
b- La desaparición del SNEP implica en los hechos abrir cauce a la alianza público-privado, o mejor dicho a profundizar el proceso de privatización y mercantilización de la educación. Allí en donde intencionalmente el Estado se retira genera las condiciones para que sea el sector privado quien dé respuesta a las demandas que la sociedad tiene hoy día en materia educativa, transformando a la educación en una mercancía con la cual estos sectores lucrarán.
Recordemos que en Uruguay recientes investigaciones dan cuenta que en nuestro país se instaló un fuerte proceso de privatización de la política educativa pública, que mediante la creación de think-thank le han arrebatado al conjunto de la sociedad la posibilidad de participar e incidir en la elaboración esta.
En otro orden, Uruguay tiene uno de los sistemas de transferencia de fondos públicos al sector educativo privado más importante en América Latina, mediante mecanismos de exoneraciones fiscales que subsidian la oferta educativa privada.
A esto debemos agregar que los medios de comunicación han construido en la sociedad la noción de “crisis educativa” como mecanismo subjetivo que haga ver falsamente a lo privado mejor que lo público, para desde allí justificar los procesos privatizadores.
En este marco, asistimos a un proceso de privatización educativa por etapas en el cual hay sectores que disputan los fondos públicos y el sentido de la educación, como única forma de asegurar la expansión y hasta la propia sobrevivencia del sector educativo privado, tanto laico como confesional, en todos sus niveles.
c- Esto se hace más evidente aún con planteos que prohíben la articulación público-público, tal cual venía sucediendo en el marco del SNEP entre las distintas instituciones que lo integran, o el abandono desde el propio Estado de políticas educativas que tienen que ver con demandas tan presentes en nuestra sociedad como la extensión del tiempo pedagógico, la ampliación de la educación en la primera infancia, la expansión del sistema educativo en el medio rural, inclusión de jóvenes y adultos que no habían podido terminar los ciclos educativos en tiempo y forma, o de los sectores de la sociedad que presentan alguna discapacidad.
El segundo, tiene que ver con un doble proceso que son funcionales a un mismo objetivo: tener un centro que asuma para sí y ante sí el papel rector, controlador y evaluador del “mercado educativo” -a crearse o en creación- para lo cual es condición necesaria generar cambios en la institucionalidad del sistema que permitan, por un lado, la concentración del poder -expresado en términos de gobierno- y por otro, un proceso de desconcentración hacia la esfera de lo micro articulado en base a procesos de privatización en la educación, o sea la adopción de dinámicas, lógicas y procesos típicos del mundo empresarial (compromisos de gestión, rendición de cuentas, competencia)
Dado lo complejo de lo que venimos de expresar, y sólo como un recurso metodológico para ayudar a su comprensión, diremos que se trata de una moneda, que como todos sabemos y podemos comprobar, por regla general tiene dos caras.
En efecto, una de esas caras es el proceso de concentración que implica la propuesta de centralizar en el Poder Ejecutivo, a través del MEC, la rectoría del sistema educativo, dándole al mismo las potestades de ser el único que defina la política educativa nacional, eliminando cualquier intermediación y estableciendo sistemas de vasallaje para las futuras autoridades de la ANEP que deben jurar “fidelidad” a dicha propuesta.
Además, se eliminan los factores de distorsión en la puesta en práctica de la misma, por ello la desaparición de los Consejos de Educación (menos Formación Docente), tal cual hace años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) viene recomendando y sustituyendo a los mismos por “super gerentes”, y por último dotando a dicho centro de poder -el MEC- del poder absoluto en el organismo encargado de la evaluación de la política educativa, el INEED.
Cierto es que el sueño de la utopía reaccionaria en materia de educación, cuyo máximo representante sigue siendo Julio María Sanguinetti, ha militado en los últimos 50 años por encontrar las condiciones históricas que les permitan hacerse del control ideológico-político absoluto sobre el sistema educativo, terminando para ello con la autonomía y con cualquier sueño, aunque sea mínimo, de co-gobierno. Pero no perdamos de vista que, en las actuales condiciones, el proyecto que se impulsa va más allá de este objetivo y busca, como condición necesaria, contar con un solo centro de poder capaz de darle sentido y orientación al “mercado educativo”.
La otra cara la constituye el proceso de desconcentración, más publicitado como “autonomía de centro”, muy bien definido por la OCDE en los siguientes términos:
“A medida que los directores de los centros educativos y funcionarios departamentales aprendan a cumplir sus nuevas responsabilidades, y a medida que los sistemas de monitoreo adquieran más experiencia, las autoridades centrales de educación podrán proceder a realizar una desregulación más fuerte y aumentar la autonomía.” (OCDE, Revisión de Recursos Educativos. Uruguay. Octubre 2017).
Es interesante ver como en el marco del desmantelamiento del sistema educativo público y del proceso de concentración del poder que hemos señalado, se vende la falsa ilusión de aumentar la autonomía de los centros, como elemento democrático que ayude a mejorar la vida de las instituciones y su incidencia en la definición de la política educativa. Pero es evidente que esta propuesta, articulada en torno a las figuras del director-gerente y el inspector-supervisor, implican un proceso de desconcentración y desregulación que vienen a profundizar el retiro del Estado Nacional de su responsabilidad en cuanto a garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación.
Esto implica un proceso de fragmentación del sistema educativo mediante el cual se da un proceso de traslado de responsabilidades, que deberán ser asumidas por las propias instituciones, entre ellas la competencia por los recursos financieros, de allí la definición que serán sometidas a un proceso de rendición de cuentas, para lo cual se hace necesario perfeccionar los sistemas de monitoreo y control, lo cual constituye una ingeniería típica de un proceso de privatización de la educación.
El tercero, tiene que ver con la participación de diferentes actores en la propuesta que se impulsa. Partamos de dos consideraciones previas pero necesarias: la primera, es tener en claro que el campo educativo es un espacio de disputa política, donde está en juego el sentido de la misma, en términos de formación de las futuras generaciones, así como los recursos financieros. La segunda, es que donde hay una disputa política ningún espacio queda vacío. Por tanto, en este punto importa analizar a quiénes y cuáles son los espacios en los que se habilita la participación.
En efecto, lo primero que debemos señalar, al contrario de lo que sostienen algunos actores y amplifican a coro los medios de comunicación, la participación no se elimina en el anteproyecto en cuestión. En algunos ámbitos la misma desaparece producto de la extinción de dichos espacios (COMINE por desaparecer el SNEP, Consejos de Educación en el ámbito de la ANEP), en otros se eliminan actores que hoy estaban representados (Estudiantes y Docentes en el Formación Docente), y en ámbitos que se crean o mantienen se excluyen a algunos actores, como los trabajadores organizados en el caso de la Comisión Coordinadora, promoviéndose en ellos a otros actores de dudosa representatividad e incidencia en la vida educativa nacional (caso de los representantes de las instituciones educativas militares y policiales)
Es importante señalar que se promueve una fuerte presencia de representantes del sector educativo privado, de distintos niveles educativos, los cuales pasan a estar representados en organismos nacionales (Comisión Coordinadora) y departamentales, casi en las mismas proporciones que las instituciones educativas públicas.
En síntesis, se aumenta la participación e incidencia de actores que representan el interés corporativo privado en educación y ello se hace en desmedro de las instituciones públicas, de la participación de actores sociales organizados (en particular estudiantes y trabajadores), e incluso llegándose a la casi extinción del ámbito más democrático desde el cual construir la política educativa pública, el Congreso Nacional de Educación, que lejos de transformarse en un ámbito cuyas resoluciones sean vinculantes, se plantea que su convocatoria sea optativa, en función de los designios del gobierno de turno.
El cuarto, tiene que ver con la profesión docente y las condiciones de trabajo que se promueven modificar en este anteproyecto. Son varias las voces que han planteado fuertes críticas a algunos de los cambios que se promueven desde el anteproyecto, todas ellas con razón y bien fundamentadas.
Sólo, y a manera de complementar otros análisis, desarrollaremos dos aspectos que nos parecen necesarios explicitar, antes que nada, ante el conjunto de trabajadores del sector, aunque de prosperar estas iniciativas sus implicancias serán nefastas también para los estudiantes, sus familias y las propias instituciones educativas.
El primero de ellos tiene que ver con un aspecto de forma: se plantea una reforma laboral, que cambia radicalmente las condiciones de trabajo, las formas de contratación, el desarrollo de la carrera funcional, la fijación del salario, entre otros aspectos, mediante una ley sin que haya un proceso de negociación colectiva, al cual el Estado uruguayo está obligado a convocar de acuerdo a lo que estipula la Ley 18.508, en el entendido, además, que aquellos asuntos que se pretenden modificar unilateralmente constituyen materia de negociación colectiva, en consonancia con lo que establece el artículo 4º de la ley antes mencionada.
Llama la atención que el mismo gobierno que se ha mostrado muy preocupado en atender los reclamos que las cámaras empresariales formulasen ante la OIT, de que su ministro de trabajo declare todos los días que el gobierno que integra respetará las leyes y el sistema de relaciones laborales vigentes en el país, no hayan reparado en tan flagrante violación a la Ley 18.508, merecedora tal acción -de concretarse- de una segura condena por parte de la OIT hacia el Estado uruguayo.
En segundo lugar, subyace oculto, detrás de los diferentes planteos que atentan contra la profesión docente así como la reforma laboral que se plantea, un mandato expreso que deben aplicar estos gobiernos en América Latina y el Caribe, y que emana del Banco Mundial, que para una mejor comprensión del mismo estamos obligados a transcribir algunas de sus consideraciones:
“La baja calidad promedio de los profesores de América Latina y el Caribe es la principal limitación que impide el avance educativo en la región y, en consecuencia, restringe la contribución del gasto nacional en educación a la reducción de la pobreza y la prosperidad compartida (…)
(…) En la actualidad, ningún cuerpo docente de la región (con la posible excepción de Cuba) puede considerarse de alta calidad en comparación con los parámetros mundiales, si bien durante la última década algunos países han logrado mejorar la calidad de los profesores y los resultados de aprendizaje de los estudiantes, especialmente Chile (…)
Presión por rendir cuentas
(…) Entre las estrategias para reforzar la rendición de cuentas se incluyen medidas para reducir o eliminar la estabilidad laboral docente, aumentar la supervisión de parte de los directivos y empoderar a los clientes (padres y estudiantes) para supervisar o evaluar a los profesores (…)
En lo que respecta a estabilidad laboral docente, las leyes de Chile, Perú, Ecuador, Colombia y México han establecido una vía para desvincular de la profesión a los profesores con un desempeño insatisfactorio continuo. Aunque potencialmente es muy importante, la cantidad de profesores despedidos hasta la fecha en estos países ha sido mínima (…)”
(Profesores Excelentes. Como mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe. Disponible en la página web del banco)
Resultan familiares algunas consideraciones que se formulan, tales como: considerar a la educación como un gasto y no como un derecho que debe ser financiado por el Estado; que la educación tiene que corregir o revertir la exclusión y marginación a la cual condena el sistema económico y social -capitalismo- a millones de seres humanos; que los únicos responsables del fracaso educativo son los docentes -además de caros- o que se hace necesario crear sistemas punitivos de evaluación docente que prevea -entre otros castigos- la pérdida de la fuente de trabajo.
En este marco, el fin de la estabilidad laboral se impone como condición para implementar en toda la línea el sistema de vasallaje, una especie de feudalismo educativo, donde la sumisión, la cooptación y discrecionalidad de quienes sustenten algún grado de poder serán las nuevas condiciones profesionales y laborales del docente. Esto explica la exigencia de jura de fidelidad a un proyecto de centro y a una metodología de trabajo; la elección de los docentes por parte del director del centro; el salario diferencial; el fin de la libertad de cátedra, entre otros “privilegios” que hoy tienen y deben ser exterminados, desde la óptica de los mercenarios al servicio del capital, los docentes uruguayos.
Para ir concluyendo, parece necesario resaltar que desde el ámbito que nos toca actuar no debemos perder de vista en nuestros análisis y en la perspectiva a construir que nos enfrentamos a un programa que expresa los intereses de una clase antagónica a la nuestra, que ha sido capaz de construir hegemonía y obtenido legitimación electoral, pero que ambos extremos no constituyen ni fuentes de verdad ni condiciones que no se puedan revertir.
Deberemos asumir los desafíos de la etapa en el marco de la unidad que ha caracterizado históricamente al movimiento sindical uruguayo, levantando nuestra perspectiva programática y plataforma reivindicativa concreta, construyendo un marco amplio de alianzas con los diversos sectores que componen el campo popular uruguayo, regional y mundial.
Está en juego la educación como derecho humano, la existencia de la educación pública consustanciada y al servicio de un programa de desarrollo productivo como condición para superar la dependencia, de la profundización democrática y la búsqueda de la justicia social.
¡¡¡Analizar, difundir, organizar y luchar es de urgente consideración!!!